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Nueva Constitución Política revertirá las concesiones del Salar de Uyuni al Estado

Fecha de publicación: Lunes 26 de enero de 2009
Noticias por: Agencia Boliviana de Informacion A.B.I.
Uyuni y La Paz, 20 ene (ABI).- La vigencia de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) revertirá las concesiones irregulares del Salar de Uyuni a favor del Estado boliviano, aseguró este martes el diputado potosino César Navarro.
"Las concesiones mineras o de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano, serán revertidas a favor del Estado", manifestó el legislador.
El salar de Uyuni o Tunupa es, con sus 12.000 kilómetros cuadrados, el mayor desierto de sal del mundo. Está situado a unos 3.650 metros de altura sobre el nivel del mar en el departamento de Potosí, en el Altiplano de Bolivia, sobre la Cordillera de los Andes.
El tema de la reversión de las concesiones mineralógicas del salar fue considerado en Uyuni por las organizaciones sociales y población en general.
Navarro manifestó que las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación de la Constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos mineros.
LA NUEVA CONSTITUCIÓN
El artículo 369 del proyecto de CPE establece: "El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley.
Los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros son de carácter estratégico para el país".
ANTECEDENTES
En octubre de 2006, el Gobierno inició los trámites para que los yacimientos de ulexita y de otros minerales en el Salar de Uyuni, pasen a manos del Estado.
El ministro de Minería, Walter Villarroel, dijo que la empresa chilena Quiborax, pretende una demanda de arbitraje internacional contra el Estado boliviano por la revocatoria de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni, pretende utilizar todo su poder económico para continuar explotando ilícitamente esos yacimientos.
Villarroel informó que el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sergeomin) recibió, entonces, la respectiva información y que en la actualidad viene trabajando en el asunto para contrarrestar esa demanda considerada desde todo punto de vista ilegal.
El tema de litigio es tratado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, despacho al que se engregó toda la documentación respecto a la presencia de Quiborax en el país.
En el Salar de Uyuni existen otras concesiones asentadas de manera inconstitucional, por lo que el Gobierno decidió conformar una comisión, la misma que analizará la situación jurídica de cada una de ellas tomando en cuenta que los beneficios deben necesariamente llegar al pueblo boliviano y no sólo a las empresas que explotan esa riqueza.
Quiborax inició el proceso legal en contra del Estado en junio del 2004, luego que el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa tomara la decisión de revertir las concesiones de la empresa en el Salar de Uyuni, argumentando el incumplimiento de normas ambientales y otras irregularidades en la entrega de las áreas.
Quiborax es la contraparte chilena de la empresa boliviana Non Metallic Minerals que explota ulexita y otros recursos evaporíticos del Salar de Uyuni.
LA "LEY VALDA"
La denominada Ley 1854 o "ley Valda", impulsada por el ex senador del MIR, Gonzalo Valda, abrogada por la Ley Sustantiva 2557 autorizó en dos oportunidades que el Salar de Uyuni fuese reducido a propiedad privada.
La primera lo disminuyó en 1,2 millones de hectáreas y la segunda tomó 900 mil hectáreas; ambas concesiones fueron destinadas a la explotación de los minerales no metálicos del gran salar a cargo de empresas privadas que, aprovechando ese instrumento jurídico, se adjudicaron pertenencias en forma ilegal y al amparo de autoridades que no les competía conocer del caso.
En la ciudad de Tupiza funciona una Superintendencia de Minas y es allí donde recurrieron los peticionarios para dar cumplimiento a mencionada ley adjudicarse las áreas de explotación de ulexita y otros minerales.
La denominada "ley Valda" es considerada como la más nefasta y atentatoria contra los intereses de Potosí y del país, porque al amparo de esa norma, aunque ya fue abrogada, Quiborax pretende continuar con la irregular explotación de ulexita y otros minerales en el Salar de Uyuni.

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